Artigas

En Uruguay hubo un Genocidio que no sólo no fue reconocido, sino que no fue informado al Estado. Se trata del Genocidio de la población charrúa, que organizó y ejecutó el Presidente Rivera y su Ejército. Nada comunicó al Gobierno; esta comunicación aún está pendiente y pensamos que debería de realizarse oficialmente a la brevedad. El objetivo sería que el Estado tome conocimiento de un hecho histórico importantísimo, y lo incorpore a la historia del país y a la enseñanza regular a niños y estudiantes.

Estamos en el año del bicentenario del comienzo de las luchas por la independencia. Justamente en 1811, los charrúas hacen una alianza con Artigas y se integran como fuerzas auxiliares de su ejército. Estimamos que es el momento adecuado para que el Estado Uruguayo tenga la información oficial, de que aquellos charrúas y sus familias corrieron 20 años más tarde el triste destino de sufrir un Genocidio. El ideólogo y ejecutor fue el Presidente de la República, pero no lo comunicó al gobierno en forma oficial.

Evidentemente Rivera no podía dar esa comunicación porque hubiera configurado una violación gravísima a la Constitución de 1830. Varios artículos fueron violados, citemos someramente que el Presidente no podía salir al mando del Ejército salvo en caso de: ataque exterior o conmoción interna grave, y para ello aún debía obtener la aprobación de la Asamblea General.
Citemos algunos de los artículos que protegían los derechos de los habitantes, charrúas, en este caso, del Estado:

Art. 130 - “Los habitantes del Estado tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes.”
Art. 136 - “Ninguno puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal.”
Art. 143 - “La seguridad individual no podrá suspenderse sino con anuencia de la Asamblea General, en caso de Traición a la Patria o Conspiración, y solo para la aprehensión de los delincuentes.”

(Aclaramos que fuera de los charrúas y al principio los minuanes, que se incorporaron a los charrúas, y según toda la documentación analizada, no hubo otra parcialidad de indígenas oriundos que participaran en las luchas por la independencia).

En nuestra investigación no ha aparecido ningún documento, ninguna Acta Legislativa, ni de las Cámaras, ni de la Comisión Permanente, donde surja una comunicación al respecto. Tampoco el Poder Judicial fue informado ni intervino. Luego de este ocultamiento por parte de Rivera y su Ministro de Guerra Ellauri, se continuó ocultando los hechos, podríamos decir casi hasta el presente.

Estudiando la historia nacional no se encuentra nada sobre el Genocidio; la única forma es estudiar particularmente los documentos relativos a los charrúas, que andan dispersos en diversos archivos de Uruguay y Argentina. La metodología de nuestra investigación fue revisar toda esa documentación durante 5 años, y compendiar, en 250 documentos más o menos, todo lo referente a este Genocidio.

Otros motivos que coadyuvaron al ocultamiento de estos hechos, fue la dificultad que opusieron directores de museos y archivos nacionales en permitir el acceso de los investigadores a los documentos comprometedores.

Por último recién se terminó de transcribir los últimos manuscritos vinculados al Genocidio en el año 1977, los que fueron publicados en un libro de poca circulación, como el Boletín Histórico del Ejército.

Volviendo al libro, se pueden apreciar los manuscritos y las firmas de los responsables como si estuvieran terminados de escribir, pero datan de hace unos 180 años. Esta metodología fue pensada para que no hubieran polémicas, ya que el mismo Presidente Rivera declara bajo su firma, varias veces, su satisfacción previa y posterior al “exterminio”, palabra que él usaba frecuentemente, de los charrúas.

Se admite actualmente que es un derecho humano el tener acceso al conocimiento de la verdad histórica y de hechos del pasado, que de alguna manera han incidido en nuestra vida actual.

Estos sobrevivientes estuvieron obligados a mestizarse, de tal modo que a su vez sus descendientes perdieron todo contacto con la cultura y tradiciones de su población originaria. Actualmente se sabe que hay un porcentaje de la población que son lejanos descendientes de la población charrúa, pero es imposible saber que un individuo pueda tener certeza absoluta, ya que en los registros de nacimientos, los niños charrúas fueron anotados con nombres inventados.

A partir del 11 de abril de 1831, Fructuoso Rivera y un ejército calculado de 1000 hombres, por su cuenta, financiando el operativo de su peculio y sin el permiso otorgado por la Asamblea General para dicho operativo, tal como lo establecía la Constitución, decidió emboscar a las familias charrúas. Previo a esto, otra división del ejército, que por otra parte mantenía buenas relaciones con los charrúas por su aporte como fuerzas auxiliares por la lucha por la independencia, durante varias semanas condujeron a las familias hasta un lugar conocido como la horqueta de Salsipuedes, donde fueron atacados sorpresivamente por los ejércitos reunidos.

Dada la configuración del terreno muy pocos pudieron fugarse, y los que lo hicieron fueron perseguidos hasta su total exterminio, según los documentos firmados por el propio Presidente, y autoridades militares.

Las mujeres y los niños de hasta 13 años, fueron conducidos a pié hasta Montevideo, donde se procedió al reparto a familias y militares que solicitaban tenerlos. Se tuvo el cuidado de separar a las madres de los niños, aunque fueran de pocos meses, lo que configura una manera de evitar todo tipo de vinculación entre los individuos repartidos. De este modo se les dio un nuevo nombre y olvidaron su membrecía, formando luego familias que dieron origen a mestizos, que nada supieron acerca de la existencia de sus abuelos charrúas. En el libro se documentan los “repartos”, generalmente ordenados por Ellauri (Ministro de Guerra), y al pie de la hoja aparece la firma de la persona que ha recibido al o los charrúas.

1. Que determinó que seamos el único país en que no existe ningún integrante de los pueblos originarios, es decir no hay indios, no hay ningún charrúa, a diferencia de todos los otros de América, en que existen miles de sobrevivientes.

2. Que el genocidio de la población charrúa fue total, y se cumplen todas las 5 tipificaciones legales:
- Matanza de miembros.
- Hacer imposible su subsistencia.
- Impedir nacimientos dentro del grupo.
- Traslado de niños de un grupo a otro.
- Desaparición forzada, privación de libertad y lesiones graves contra la integridad física o mental de miembros del grupo.

El genocidio está completamente probado, se rescataron todos los documentos que revelan los hechos que se intentaron ocultar, pero la prensa y el gobierno no han podido incorporar todavía el conocimiento documentado de los hechos, y creemos que no hay motivos para dilatar más la comunicación de los actos genocidas que están plenamente probados. Nosotros y nuestros hijos tenemos el derecho a conocer el pasado y saber la verdad.

Nuestro libro es uno de los caminos para que la información completa acceda por fin a las autoridades gubernamentales, sin perjuicio de que la comunicación de este genocidio sea también remitida a las instituciones internacionales de derechos humanos, que recopilan y estudian los genocidios que se han producido en la historia del mundo.